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Viernes 26 de febrero de 2021

Arturo Celedón: “Hemos acumulado una deuda enorme con la infancia y la Constitución refleja ese vacío que nos tiene en un nivel de atraso vergonzoso”.

El director ejecutivo Fundación Colunga sostuvo además que “somos uno de los pocos países de la región que no tiene una ley de protección integral para los niños y niñas”.

A raíz de que la actual Constitución no consagra derechos explícitos a favor de nuestros niñas, niños y adolescentes, Sin Tacos Ni Corbata dialogó con el director ejecutivo de la Fundación Colunga, Arturo Celedón, sobre la oportunidad que presenta la redacción de la nueva carta magna en la materia.

Celedón señaló, en primera instancia, que el gran vacío de la Constitución que nos rige es garantizar a nuestros niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, donde no están siendo considerados “en la construcción de sus proyectos de vida y en la sociedad en la que queremos vivir”.

“En los último 50 años hemos ido acumulando una deuda enorme con la infancia (…) y la Constitución refleja ese vacío y que nos tiene en un nivel de atraso que es vergonzoso” dijo Celedón.

Por eso sostuvo que el proceso constituyente debe contemplar: el asegurar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se mencionen en la carta magna; que se les reconozca como sujetos de derechos; generar instancias de participación efectiva de las decisiones que impactan en sus vidas; afirmar garantías para el cumplimiento de los derechos fundamentales; y garantizar un piso de seguridad social donde se asegure ciertos estándares mínimos en vivienda, educación y salud para ellos, ellas, sus familias y cuidadores.

Recordó que el primer tratado que suscribe Chile fue la Convención Internacional de Derechos de la Infancia “y que con todo el tiempo que ha pasado hemos avanzado poco en generar certezas jurídicas que ese tipo de convenios le exige al país. Somos uno de los pocos países de la región que no tiene una ley de protección integral para los niños y niñas”.

Arturo Celedón hizo alusión al caso Sename y “a las sanciones muy fuertes  que recibimos de los organismos internacionales, por cómo nos estábamos comportando como Estado” y “eso no tiene ningún tipo de garantías, de resguardo o de forma de trabajarlos desde la Constitución”.

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